miércoles, 3 de octubre de 2018

Panamá .- El mayor proyecto minero de Latinoamérica y el Caribe que se construye aquí emprendió una batalla legal para revertir un fallo de inconstitucionalidad contra la concesión, informó hoy la empresa Minera Panamá.

La firma de abogados Morgan and Morgan, representante legal de la entidad, presentó cinco recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que buscan, entre otros objetivos, revertir el laudo contra la relación contractual entre el Estado y Minera Petaquilla (dueña original) firmado en febrero de 1997.

El abogado del bufete, José Carrizo, explicó a periodistas que interpusieron ’incidente de nulidad, solicitud de revocatoria de oficio, solicitud aclaración, advertencia de inconstitucionalidad y solicitud de reconsideración’.

A una pregunta de Prensa Latina sobre una doble interpretación diametralmente opuesta del fallo, Carrizo explicó que ’la parte resolutiva recae exclusivamente sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9, no se refiere a contrato’, opinó sobre el debate de si la anulación de la primera incluye también la transacción rubricada.

El letrado amplió su lectura de la decisión de la CSJ, al señalar que ’la Ley 9 de alguna forma aprueba el contrato, e incluye una serie de beneficios, exenciones fiscales y otras consideraciones que formaron parte de ese contrato al momento que fue aprobado’.

Ante la interrogante de si consideran que el fallo no afecta el acuerdo, ¿por qué reclaman?, Carrizo respondió: ’porque la Ley, al aprobarse el contrato, incluye o agrega una serie de consideraciones adicionales que estaban vigentes al momento que se adjudica y entra en sus efectos el contrato-ley’.

Por ello, la asesoría legal pretende retomar tales protecciones, ’para garantizar la estabilidad de esas inversiones es que se requiere que se respete ese marco regulatorio aplicable cuando la empresa invirtió en el país’, dijo.

Ese argumento no lo comparte la abogada Susan Serracín, quien presentó la demanda ante la CSJ en representación de la organización no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental por daños al medio, y opinó que tomando la base jurídica del contrato de concesión la cual es la Ley 9, ambos dejan de existir jurídicamente.

A pesar de lo irrevocable del fallo, directivos y abogados mantienen la expectativa de que ocurra una revisión en la Corte a partir de la conveniencia de la mina para la economía del país, y el efecto sobre las comunidades del área que conforman parte de los nueve mil 500 trabajadores.

El vocero de Minera, Manuel Aizpurúa, destacó que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, emitió un comunicado la semana pasada donde indicó que el proyecto conocido como Cobre Panamá, ’puede seguir adelante y eso es lo que la empresa está haciendo’.

Según el edicto inapelable 1074 publicado por la CSJ el 25 de septiembre pasado, ’declara que es inconstitucional la Ley 9 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A.’.

Bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, el Estado confirió 13 mil hectáreas por 20 años a la entidad, para explotar yacimientos minerales de cobre y oro en las provincias de Coclé y Colón, concesión cedida posteriormente a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd.
Fuente: Prensa Latina
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