viernes, 14 de diciembre de 2018

 (semisquare-x3)Washington - Ante el retraso en la entrega de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió una misiva al Departamento de Vivienda federal (HUD), en la que indica que puede servir de garantía para que se utilice bien el dinero asignado a la isla a través del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).
“Como parte de nuestra función y los requisitos de la ley Promesa, nos gustaría trabajar con usted, el equipo de HUD y otras partes interesadas para garantizar que estos fondos se pongan en marcha para el beneficio inmediato de los residentes de Puerto Rico”, indicó el oficial de Revitalización de la JSF, Noel Zamot, en la carta enviada el 6 de diciembre a la subsecretaria de Vivienda federal, Pamela Hughes Patenaude.
La comunicación de la JSF fue enviada antes de que HUD reconociera a El Nuevo Día que para iniciar el desembolso de los primeros $1,500 millones de fondos CDBG-DR aguarda por que el gobierno de Puerto Rico le muestre que ha desarrollado la capacidad para asegurar el buen uso de los fondos.
“Están aún en el proceso de establecer su programa para el manejo financiero de los fondos de desastre, para asegurar que el dinero llega a la gente que más lo necesita”, indicó entonces Brian Sullivan, portavoz de HUD.
En su mensaje a HUD, Zamot indicó que interesan colaborar con el proceso y recuerda que debido al uso que se le quiere dar a los fondos CDBG-DR, que suman casi $20,000 millones, “van a caer bajo varias secciones” de la ley Promesa.
El oficial de la JSF pide en la comunicación recibir “actualizaciones” sobre los desembolsos y alinearlos bajo la estructura del proceso de revitalización que contempla Promesa. Un portavoz de la JSF indicó ayer que la comunicación de Zamot “es una oferta de colaboración general”.
Bajo Promesa, el gobierno federal estableció la JSF -con poderes fiscales por encima del gobierno electo de Puerto Rico- y creó un sistema judicial de bancarrota para reestructurar gran parte de la deuda pública de sobre $70,000 millones de la isla y las obligaciones de cerca de $50,000 millones de los sistemas de retiro.
Cualquier freno prolongado a la entrega de los fondos destinados a la recuperación y reconstrucción de la isla, tras la catástrofe causada a partir del 20 de septiembre de 2017 por el huracán María, puede alterar el plan fiscal, según ha reconocido la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
Pero, además puede tener efecto sobre los planes de reestructuración de la deuda y el acuerdo sobre el reajuste de las obligaciones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
En medio de las expresiones que la publicación Axios atribuye al presidente Trump de no querer nuevas asignaciones para Puerto Rico mitigar el desastre o buscar frenar las aprobadas - debido a su temor de que se utilicen para pagar a los acreedores-, en el gobierno federal han habido discusiones sobre el rol que debe tener la JSF en el manejo de los fondos de reconstrucción, según fuentes.
Bajo la ley bipartidista de presupuesto de febrero pasado, el Congreso validó la decisión de la JSF para revisar todo contrato del gobierno de Puerto Rico que alcance los $10 millones. La JSF, sin embargo, ha dicho públicamente que no busca interferir con el proceso de desembolso de fondos hacia el gobierno de Puerto Rico.
“Supervisamos la entrega de los fondos asignados como parte de nuestro mandato de supervisión sobre el presupuesto y liquidez, así como también revisamos los contratos, incluidos los relacionados con la financiación de subcontratistas dedicados a la asistencia para desastres y la recuperación, con el propósito de garantizar que sean consecuentes con los planes y presupuestos fiscales certificados”, agregó entonces la declaración de la JSF.En aquel momento, el organismo fiscal respondió al reportaje en el que fuentes aludían a las conversaciones, a nivel de “staff”, en las que funcionarios federales se han preguntado si la JSF debiera tener un mayor rol de fiscalización o si debiera existir algún tipo de acuerdo especial para desembolsos con el Tesoro.
Reacciona el gobernador
El gobernador Ricardo Rosselló, por su parte, dijo ayer no haber sido notificado de la intervención de la JSF ante HUD. “Hay unos roles (que tienen), pero no tienen que ver con el desembolso”, indicó Rosselló a El Nuevo Día, al salir de una reunión con la comisionada Jenniffer González en Washington.
Rosselló sostuvo que las “tres tareas” que tiene la JSF, de acuerdo a Promesa, debe ser determinar el “gasto total” del gobierno - “no el detalle operacional”- “representar a Puerto Rico en la renegociación de la deuda” y trabajar para que la isla regrese a los mercados financieros. “Todo lo demás está fuera (de su misión)”, indicó.
Tras el huracán María, el gobierno de Puerto Rico se ha tenido que enfrentar a los cuestionamientos del presidente Trump sobre la capacidad de la isla para hacerles frente al ciclón y a las críticas del Congreso en torno al contrato de Whitefish y el funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otros asuntos.
Al gobierno federal, sin embargo, se le ha denunciado, en EE.UU. y Puerto Rico, por una lenta e ineficiente respuesta que ahora se refleja hasta en el retraso en el desembolso de fondos.
Fuente; El Nuevo Día
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